Australia se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una prohibición nacional del uso de redes sociales para menores de 16 años, una medida sin precedentes que ha generado un intenso debate internacional. La nueva ley obliga a plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook y X a impedir que los menores de esa edad creen o mantengan cuentas activas, trasladando la responsabilidad legal del control directamente a las empresas tecnológicas y no a las familias. El objetivo principal del Gobierno australiano es proteger la salud mental de niños y adolescentes frente a los efectos negativos del uso intensivo de redes sociales, como la ansiedad, la depresión, la adicción digital, el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados o dañinos.
La norma surge tras varios años de investigaciones, informes parlamentarios y testimonios de expertos en psicología infantil, educación y salud pública, que alertaban de un aumento significativo de problemas emocionales entre menores vinculados al uso temprano y prolongado de plataformas digitales. Casos de acoso escolar amplificado por redes sociales, difusión no consentida de imágenes, presión social constante y algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso fueron algunos de los factores que impulsaron la legislación. El primer ministro defendió la ley afirmando que “las redes sociales están dañando a nuestros hijos” y que el Estado tiene la obligación de intervenir cuando el bienestar infantil está en riesgo.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que no exige a los padres que verifiquen la edad de sus hijos ni impone sanciones directas a las familias o a los menores. En su lugar, establece multas muy elevadas para las plataformas que no implementen sistemas eficaces de verificación de edad y control de acceso. Esto ha generado preocupación entre empresas tecnológicas y defensores de la privacidad, ya que la verificación de edad podría implicar el uso de datos biométricos o documentos de identidad, con riesgos potenciales para la protección de datos personales. El Gobierno ha asegurado que los sistemas deberán cumplir estrictos estándares de privacidad y que se buscarán soluciones tecnológicas que minimicen la recopilación de información sensible.
La reacción internacional ha sido inmediata. Algunos países han mostrado interés en seguir el ejemplo australiano, mientras que otros observan con cautela los posibles efectos de la medida. Organizaciones de protección de la infancia han celebrado la ley como un paso valiente y necesario, argumentando que las plataformas no han sabido autorregularse y que los intereses comerciales han prevalecido sobre la seguridad de los menores. En cambio, grupos de derechos digitales y expertos en libertad de expresión advierten de que la prohibición podría empujar a los jóvenes a espacios online menos regulados o fomentar el uso de cuentas falsas, reduciendo su eficacia real.
También existe debate sobre el impacto educativo y social de la norma. Algunos especialistas señalan que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes y que, bien utilizadas, pueden tener beneficios en comunicación, creatividad y acceso a información. Por ello, reclaman que la prohibición vaya acompañada de programas sólidos de educación digital, apoyo a las familias y promoción de alternativas saludables de ocio y socialización. El Gobierno australiano ha respondido que la ley es solo una parte de una estrategia más amplia, que incluye educación en el uso responsable de la tecnología y mayores exigencias de transparencia a las plataformas.
En conjunto, la decisión de Australia marca un punto de inflexión en la regulación de internet y las redes sociales a nivel mundial. Al situar el bienestar de los menores por encima de la lógica del mercado digital, el país abre un precedente internacional que podría redefinir la relación entre Estados, grandes tecnológicas y usuarios jóvenes en los próximos años, con consecuencias legales y sociales aún por evaluar
